dijous, 22 de febrer de 2018

"Los resultados son espectaculares: se conocían siete fosas comunes en Cantabria y hemos inventariado 150"

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Cantabria-Mapa-Fosas-Memora_Historica_0_740526245.html


El arqueólogo Ángel Armendáriz es uno de los investigadores que llevó a cabo en 2010 un mapa de fosas de personas desaparecidas de forma violenta en Cantabria durante la Guerra Civil y sus posteriores años de represión franquista. "Los resultados son espectaculares:  se conocían siete y hemos inventariado 150", resalta a este medio. 
Se trató de un encargo del Gobierno de Cantabria -entonces también constituido por el bipartito PRC-PSOE-, y sus resultados, tras cinco meses de trabajo, se remitieron al propio Ejecutivo. Tal y como describe Armendáriz, se manejaron todas las fuentes de documentación disponibles: archivos y registros de todo tipo, testimonios orales, bibliografía e investigaciones previas realizadas por instituciones públicas, asociaciones, historiadores y particulares.
No obstante, este mapa quedó en el cajón del olvido durante los años posteriores en los que Ignacio Diego (PP) estuvo al frente del Gobierno. "No se ha hecho gran cosa con él, pero ahora parece que se está reactivando el interés por el asunto", señala el también profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria que ha participado en el acto de presentación del segundo anuario de Desmemoriados.
Mapa de fosas comunes de Cantabria.
Mapa de fosas comunes de Cantabria.
El estudio, tal y como recoge el propio documento, "considera fosas y víctimas de ambos bandos" pero "la gran mayoría se relaciona con la represión del bando triunfador en la contienda". "En pocos casos se trata de víctimas fallecidas en acciones militares", recalca. "Generalmente, los cadáveres fueron enterrados por los propios asesinos (en ocasiones haciendo cavar antes la fosa a las víctimas), pero otras veces permanecieron insepultos hasta su localización y compasiva inhumación por vecinos de la zona", explica.
"Las fosas se ubican, con frecuencia, en lugares anónimos: campos, prados, riberas de ríos y cunetas o zonas próximas a las carreteras", detalla este arqueólogo en su trabajo. Sin embargo, "buen número de ellas se encuentra en el interior (a veces en el área civil) o zonas exteriores de los cementerios, cuyas tapias en ocasiones -como en el santanderino de Ciriego- sirvieron también como lugar de ejecución", expone.
Así pues, esclarece que "en torno a 40 cementerios cántabros albergan inhumaciones de este tipo y en algunos de ellos se han levantado recientemente monumentos conmemorativos". En otras ocasiones, "como también ocurre en otras zonas kársticas españolas", este arqueólogo señala que "los cadáveres fueron sencillamente arrojados a torcas o simas naturales".

"Desinterés"

Armendáriz asegura que aunque los resultados de la investigación "son bastante destacados todavía queda bastante trabajo por hacer". "Ha habido un cierto desinterés, no solo del Gobierno de Cantabria, sino también del de España", lamenta, al tiempo que recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy no destina presupuesto para la recuperación de la Memoria Histórica
A nivel autonómico, el PSOE anunció recientemente que impulsará la ley de Memoria Histórica, uno de sus compromisos de Gobierno todavía incumplidos a estas alturas de legislatura. La Consejería de Cultura, según explicó a este medio, trabaja sobre una iniciativa legislativa similar a la que desarrolló Andalucía, una de las normas más avanzadas de todo el país. 
En este sentido, el recién elegido secretario general socialista, Pablo Zuloaga, cifró hace mes y medio en 7.000 las familias que no saben dónde tienen enterrados a sus muertos por la represión franquista, y recalcó que la Ley de Memoria Histórica de Cantabria "traerá verdad, justicia y reparación para todas las víctimas". 

ENTREVISTA / Fernando Martínez, responsable de Memoria Histórica del PSOE “El franquismo reprimió con especial saña a las mujeres, no soportaba que fuesen rojas”

https://www.cuartopoder.es/espana/2018/02/20/entrevista-fernando-martinez-psoe-memoria-historica/



SARA MONTERO| Publicado:  - Actualizado: 08:24
Fernando Martínez, responsable de Memoria Histórica del PSOE
Fernando Martínez, responsable de Memoria Histórica del PSOE. / PSOE
Cuando Pedro Sánchez desembarcó de nuevo en Ferraz, decidió encargarle a Fernando Martínez una de los estandartes que José Luis Rodríguez Zapatero ganó para el patrimonio político del PSOE: la bandera de la memoria histórica. Este catedrático andaluz de Historia Contemporánea es el responsable de este área en la Ejecutiva del partido y tiene la misión de actualizar la ley de 2007.
Durante la entrevista se confunde al político con el catedrático de historia, una doble condición que también se nota en su agenda. Horas antes de la entrevista aterrizaba en Madrid desde París, donde estuvo investigando sobre exiliados españoles en sus archivos, y ponía rumbo a Almería para corregir los exámenes de sus alumnos de la universidad. Conoce bien la material, en algunos de sus trabajos ha estado “a pie de fosa”.
También tiene un respeto profundo por el tesón de las asociaciones memorialistas, a las que menciona constantemente durante la conversación y junto con las que ha elaborado la reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE presentó el pasado diciembre en el simbólico cementerio de Paterna. Analizamos al detalle su propuesta junto a Martínez.
— En el Congreso hay una propuesta de otros grupos para reformar la Ley de Amnistía, que está provocando que algunas causas de víctimas del franquismo se archiven en los tribunales, ¿cuál es la posición del PSOE?
— Creemos que la Ley de Amnistía no hay que tocarla, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que esta legislación no dicen que prescriban. Así lo hemos recogido en nuestra nueva propuesta de ampliación de la Ley de Memoria Histórica. El derecho internacional prima sobre el derecho interno. Creemos que hay una mala apreciación del Tribunal Supremo en la interpretación que hace de la Ley de Amnistía.
— Ustedes vieron que hacía falta actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2017.
— La del 2007 fue una ley trascendental. Vino a poner las bases de la recuperación de la dignidad de las víctimas. Se quiso honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución y violencia en la Guerra Civil y el franquismo. Todo quedó paralizado en el 2011 con la subida al poder del PP y el presupuesto cero con un fortísimo componente ideológico. En 2017 hicimos una evaluación de las cosas positivas y de las insuficiencias después de diez años de experiencia. También han sido importantes los requerimientos internacionales hechos a España, como las recomendaciones que hizo Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas y, además, ha habido comunidades autónomas donde se han hecho legislaciones propias que van más allá, como en Andalucía o Valencia.
— Haga un resumen rápido, ¿qué novedades tiene esta ampliación que han presentado en el Congreso?
«Queremos que España no tenga ni una sola fosa común, somos el país que más tiene junto a Camboya»
— Las modificaciones plantean la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y que sea el Estado el que lidere las exhumaciones. Queremos que España no tenga ni una fosa común, somos el  país que más tiene junto a Camboya. Tendrán que ser los tribunales territoriales correspondientes los que intervengan en la búsqueda de desaparecidos. Para poder identificar los cadáveres y dárselos a sus familias, se necesita un banco de ADN. Otro pilar importante es la creación de una comisión de la verdad, porque supone una ruptura con el pasado y para que el informe final sitúe el marco de futuro, de la convivencia y de la concordia, pero conociendo qué pasó a todos los niveles. También planteamos que se abran todos los archivos y un censo nacional de víctimas y que se puedan recuperar los bienes incautados que no se devolvieron. Además, hay un elemento sancionador y la retirada de honores.
Es una ley de reparación integral. Por eso, se plantea la creación de lugares de memoria donde se hayan producido hitos históricos y, por supuesto, resignificar el Valle de los Caídos y se concreta la retirada de símbolos con un aspecto sancionador. También rescatamos otro tema olvidado: la violencia de género. Ellas no solo fueron reprimidas por ser esposas, madres o hijas de personas vinculadas con republicanos, grupos obreros o sindicatos, sino que también hay una represión específica sobre el cuerpo de la mujer. Hay que hacer investigaciones que tengan en cuenta esa doble represión. 
— ¿Se pedirá la revocación del ducado de Franco?
— Se plantea la desaparición de los honores y las distinción otorgadas, así que se tiene que hacer.
— A la hora de la reparación económica de los bienes incautados imagino que demostrarlo para los particulares no será fácil.
— Primero hay que acreditarlo. Hay muchos estudios. Nosotros en Andalucía hemos visto las referencias de casi 60.000 personas. Sabemos la gente que pasó por los tribunales de responsabilidad política. Hay documentación sobre las sanciones que se pagaron al Banco de España o de viviendas incautadas. Esta idea surge porque se ha reparado a los sindicatos y partidos, ¿por qué no a los particulares?
— Será una cuestión que levantará ampollas porque hay patrimonios actuales que se beneficiaron de ese expolio.
— Tenemos que resolver los problemas pendientes y éste lo es. Lo han hecho en otros países como Alemania. Supone dinero pero también supone una reparación. ¿Por qué a alguien de Izquierda Republicana le incautan los bienes cuando era legal afiliarse a ese partido en el marco de la República? Por eso no te pueden sancionar. Ese dinero fue recogido por el Estado y eso se tiene que reparar. No podemos dejar flecos, hay que resolver nuestro pasado.
— Quieren crear una comisión de la verdad y que también haya expertos en violencia de género.
«Una de las acusaciones contra las mujeres ‘rojas’ es que eran “muy habladoras”. Tenían que estar calladas y resignadas»
 — En principio, tiene que ser paritaria. Se contará con expertos nacionales e internacionales para que hagan un estudio, con un buen relato y un buen informe. Se tiene que investigar la represión contra las mujeres. Muchas veces se ha identificado en el mismo marco que la represión sobre los hombres, pero hay especificidades. Algunas víctimas además de rojas eran mujeres. Esto es lo que no podía soportar el franquismo, que fueran incluso políticas. Permitían que la mujer estuviera en el espacio privado, pero no en el público. Hay miles de expedientes de responsabilidades políticas y una de las cosas de las que se les acusaba era de ser “muy habladoras”. Tenían que estar calladas y resignadas. Les daban aceite de ricino y les hacían pasearse por las calles con el cuerpo descomponiéndose. Era una vejación impresionante. También las humillaban cortándolas el pelo. Queremos que se investigue la represión contra las mujeres en la doble dimensión: política y de género.
— Otra de las novedades es la amplia consideración que se le da a los niños robados. Quieren ampliar la investigación hasta 1995, bien entrada la democracia.
— Así es. De hecho, ahora pensamos en extenderla hasta el 98 o 99. Nos lo plantearon en las asociaciones de bebés robados y a mí me pareció bien.
— ¿Cómo es posible que haya habido una trama de bebés robados durante todo el franquismo y parte de la democracia y la única condena sea a una supuesta víctima?
— La Justicia ha mirado para otro lado. Hoy hay muchas denuncias puestas. Las asociaciones están creando todo un movimiento y es un tema que ya está en la agenda y hay que resolver. Yo dirigí unas de las primeras tesis de bebés robados que se hizo en España.
— Ellos describen a una Iglesia poco colaborativa, ¿ha hecho su propia transición esta institución?
— Hubo sacerdotes que ayudaron en la Transición como Tarancón. Otra cosa es el giro conservador que adoptó posteriormente. En cualquier caso, sí hay cerrazón en el tema de archivos, precisamente proponemos que se abran todos y que la Justicia pueda entrar. Es una apuesta clara por la búsqueda de bebés robados y por saber todo lo que ha ocurrido. Esto no es un tema de derechas e izquierdas, sino de democracia y derechos humanos.
— Esta reforma también aborda la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo y sanciones para perseguir los delitos de odio contra las víctimas, incluso en las redes sociales.
— Sí, es la misma legislación penal contra los delitos de odio, pero introduciendo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
— La memoria histórica sigue levantando polémicas, como ocurrió hace apenas unos días cuando se intentó retirar la cruz de Callosa del Segura.
— Esto tiene que ver con el relato sociológico que ha quedado después de 40 años después de franquismo. No ocurrió en Alemania, ni en Italia o Francia. Allí cuando ganaron los aliados se construyó un relato democrático. En España sin embargo, el relato franquista se afianzó durante mucho tiempo. En la Transición no llevó la hegemonía la izquierda, sino el reformismo. UCD era un conglomerado de personas que provenía del régimen. Se tenían que haber hecho más cambios cuando llegó la democracia, pero el partido de Suárez no iba a tirar piedras contra su propio tejado. En los primeros años del posfranquismo sí se hicieron cosas. Por ejemplo, los datos de las reparaciones económicas a fecha de 2006 eran de 16.310 millones de euros [se devolvieron encautaciones a sindicatos y partidos políticos]. Más de 54.000 expedientes se resolvieron favorablemente. También se cambiaron algunas calles y empezaron las primeras exhumaciones, aunque sin rigor científico. Después se introdujo una línea de inflexión con el [intento de] golpe de Estado de Tejero y en los 90 se reactivó el movimiento con los nietos, que quieren saber.
— A veces se le reprocha al PSOE de Felipe González que fuese cómplice de la desmemoria.
« En la época de Felipe González hubo mucha reparación económica, algo en lo que se pone poco el acento»
— En la época de González hubo mucha reparación económica, algo en lo que muy poca gente pone el acento. Pero hubo insuficiencias en el tema de exhumaciones de cadáveres de hombres y mujeres. Yo creo que se deberían de haber realizado.
— Uno de los principales problemas de la ley de 2007 es que llegó el PP al Gobierno y la dejó sin presupuesto. Simplemente no la cumple ¿han previsto algún mecanismo para que esto no vuelva a pasar?
 — Se prevé que se dote a la ley de presupuesto sistemáticamente. El PP no la deroga porque sería un escándalo, pero en la práctica la tienen en stand by. Pusieron un presupuesto cero con la excusa de la crisis económica. Ahora que dicen que ya ha pasado la tenían que haber dotado de financiación. Yo creo el PP es un partido demócrata y debe colaborar para resolver esta cuestión.
— Es verdad que el PP boicotea todo lo que tiene que ver con memoria histórica, pero ahora en el Congreso hay un nuevo partido en la derecha, ¿cómo ven a Ciudadanos en el tema de Memoria Histórica?
— Nos gustaría que analizara la cuestión desde el punto de vista democrático y que entre todos lo resolviéramos.

Ortigas "en las partes íntimas": las vejaciones de sacerdotes en los internados franquistas

http://www.publico.es/sociedad/ortigas-partes-intimas-vejaciones-sacerdotes-internados-franquistas.html

Las denuncias de violación y abusos contra la Iglesia católica destapadas por el documental 'Els internats de la por' continúan sin justicia

Cartel del documental 'Els internats de la por'
"Me dijo 'No se lo puedes contar a nadie' (…) 'Tus papás se pueden morir' (…) 'Hoy vamos a hacer una cosa que no se la puedes decir a nadie' (…) Se subió los hábitos, me puso la cosa en la boca, me empezó a escurrir una cosa asquerosa por la boca, porque el tío lo consiguió, desde luego, me toqueteó lo que quiso, me hizo ponerme de espaldas, y por la espalda también me hizo, y cuando terminó me dijo que era asquerosa, que dios me iba a castigar por eso". La entonces niña Dolores Zamorano, que ya es mujer madura, todavía no ha empezado a llorar cuando narra su experiencia infantil con el sacerdote católico que la preparaba para su Primera Comunión.
Se llora un poco después, y se ha llorado antes mucho. 
Recientemente, el papa Francisco ha aprovechado su visita a varios países latinoamericanos para "pedir perdón" por los abusos sexuales y las torturas practicadas por miembros de la Iglesia católica contra niños y niñas, gesto que acaba de concluir con su renovación de miembros en la Comisión contra el abuso sexual. Para quien haya seguido este devenir latinoamericano, ha quedado claro el barro de sus pies. 
Entonces, la carta de la abogada Montserrat Fernández Garrido llega al mail de la redacción reclamando una mirada hacia España, reclamándola otra vez. Y una no puede dejar de preguntarse, también otra vez, por qué España es uno de los pocos países muy evidentemente católicos en los que la Iglesia no se ha visto sometida a una severa revisión pública de su pasado. En Estados Unidos se multiplican los expedientes de abusos (1993, 1998, 2002, 2004, 2008, 2010), así como en Francia (1994), Austria (1195, 2009), Reino Unido (1997), Australia, Holanda, Chile y Alemania, por poner algunos ejemplos. 
En España, sin embargo, parece que casos tan flagrantes como los referentes a los internados franquistas están condenados al silencio. 
La abogada Montserrat Fernández Garrido, mujer sin duda tenaz, ha vuelto a dirigirse a los medios de comunicación para denunciar la falta de atención de la Iglesia católica a las reclamaciones que ella, y con ella centenares de personas, remitieron a la Conferencia Episcopal. ¿Su demanda? Pedir una disculpa por los abusos cometidos en los centros de internamiento franquistas para niños. ¿La espoleta? La emisión en TV3 del sobrecogedor documental Els internats de la pordirigido por los periodistas Montse Armengou y Ricard Belis. 
Lo primero que una piensa es que sería una impertinencia responder a su llamada sin antes haber visto Els internats de la por, documento del que parte su infatigable denuncia. 
Una vez visto, la palabra impertinencia queda confitada en ligereza. 
Dolores Zamorano, la mujer ya madura con la que arranca este texto, siendo niña vomitó y tuvo que comer su vómito y volvió a vomitarlo y tuvo que volver a comérselo antes de que un sacerdote le eyaculara en la boca. Junto a ella, un grupo de mujeres y hombres adultos van narrando sus más íntimos recuerdos infantiles de humillación, brutalidad, abuso y violación. Todos ellos estuvieron internos en instituciones religiosas, asilos o sanatorios de beneficencia franquista. Abuso sexual y violaciones, experimentos psiquiátricos y quirúrgicos, agresiones genitales y todo un catálogo de castigos corporales… La crueldad aplicada sobre miles de niñas y niños rasga la confianza en el ser adulto con uña negra de zarpa. 
"Recuerdo que me quemaban el culo con velas por orinarme". La entonces niña Mikae Ortiz, que ya es mujer madura, se derrumba ante la cámara al recordar sus 10 años de internamiento en un centro para niñas. "Cogían ortigas y me las frotaban en mis partes íntimas". Joan Sisa narra cómo, en los Hogares Mundet de Barcelona, el sacerdote se masturbaba contra su espalda aquella noche en la que estaba castigado en pijama contra la pared del pasillo. "El mismo que a las ocho de la mañana siguiente estaba dando misa". 
Los Hogares Mundet, la Maternidad, la Casa de la Caritat, el preventorio de Guadarrama... 

SOCIEDAD DENUNCIANTE

Fernández Garrido vio, escuchó, resistió los testimonios, entre otros, de Dolores Zamorano y el semen en su boca, de Mikae Ortiz y las ortigas contra su vulva, de Joan Sisa y el orgasmo a su espalda. Desde su emisión, en abril de 2015, no ha dejado de insistir a periodistas e instituciones para que propaguen su denuncia. Y se dirigió con cientos de firmas a la Conferencia Episcopal española para que pidiera disculpas, infructuosamente. 
Preguntada por correo electrónico, su respuesta es inmediata. Para empezar, rescata dos cartas de 2016. En la primera comunica a un grupo de personas, "feministes de Catalunya", que un grupo se propone entrevistarse con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En la segunda explica dicha reunión. 
Esta es, abreviada, la primera carta: 
El pasado año, el colectivo "Feministes de Catalunya" realizó una campaña exigiendo a la Iglesia Católica y al Estado que pidan perdón y reparen en la medida de lo posible el terrible daño causado a los niños y niñas internados en centros públicos hasta los años 80. 
El pasado año TV-3 emitió un documental en su programación de "Sense Ficció", llamado "Els internats de la por" (…) Nos mostró el terrible padecimiento de miles de niñas y niños pobres o hijos de personas republicanas, ingresados en centros públicos. Allí donde debían protegerlos, alimentarlos, educarlos y cuidarlos sufrieron todo tipo de penalidades: maltratos físicos y psíquicos, abusos sexuales, explotación laboral y prácticas médicas dudosas. Es decir, nos mostraron una infancia víctima del franquismo, a través de centros religiosos (…) Los religiosos y religiosas que cometieron tales atrocidades no sólo no han pagado penalmente por ello, tampoco nadie les ha exigido explicaciones y ni siquiera han pedido perdón a las víctimas por su intolerable comportamiento: No se han reparado tales injusticias. (…) Estas instituciones y las criaturas estaban bajo la tutela del Estado, que es también responsable de aquellos malos tratos. Exigimos también que pida perdón y que repare por medios asistenciales los efectos que padecen todavía hoy. 
Imagen de uno de los internados de los que habla el documental./ CCMA
Esta es, abreviada, la segunda carta: 
El pasado jueves, día 23 [de junio de 2016], mantuvimos la entrevista concretada con el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella. (…) Nos atendió amablemente durante media hora. Le llevamos un escrito (en catalán y en castellano) y las 204 adhesiones a tal escrito, exigiendo "verdad, justicia y reparación" a las víctimas de todos los maltratos y penalidades sufridos en los internados, desde el inicio del franquismo y hasta los años 80. Él conocía el tema, como también los casos de pederastia que tuvieron lugar allí y los posteriores en otros centros. 
No cesó de repetirnos que no entendía por qué la sociedad está tan empeñada en solventar lo ocurrido en la Iglesia y no se habla tanto de que el 80% de los casos de abuso a menores se producen en las propias familias... (…) Se comprometió a llevar nuestro escrito, las adhesiones, y en resumen el tema y nuestra exigencia, a la próxima reunión de la Conferencia Episcopal Catalana y nos dará una respuesta en dos o tres meses (sin contar julio ni agosto). Le pedimos que no lo llevara a la Conferencia Episcopal Española porque nos tememos que son más reaccionarios y la respuesta no sería la adecuada/ deseada. (…) Esperamos conseguir nuestro objetivo. Y debemos pensar en cómo y cuándo exigir lo mismo al Estado, que en definitiva era quien debió proteger a esos niños y niñas...
Entre las firmas que aparecen: Marina Geli (dra. en medicina y ex Consellera de Salut), Mar Serna (magistrada y ex consellera de Treball), Mercedes Caso Señal (magistrada Decana de los Juzgados de Barcelona), Pilar Rebaque (abogada, presidenta de la "Comissió de Dones Advocades" del Col.legi d´Advocats i Advocades de Barcelona), Gemma Calvet Barot (diputada del Parlament de Catalunya (ERC), Dr. Santiago Dexeus Trias de Bes (ginecólogo), Carmen Alcalde Garriga (periodista y escritora), Marina Subirats (catedrática Emérita de Sociología), Antonina Rodrigo (escritora. Creu de Sant Jordi Generalitat Catalunya), Susana Koska (directora de cine y escritora), José Mª Sanz, "Loquillo" (cantante), Isabel Steva Hernánd "Colita" (fotógrafa), Gemma Lienas (escritora), Laura Freixas (escritora), Eduard Carbonell Esteller (catedrático Emérito Historia Arte)… 

IMPUNIDAD

Resulta pertinente, dados los nuevos pasos de la Iglesia católica, recoger no solo la denuncia de este grupo de ciudadanos escandalizados, sino también la respuesta que recibieron por parte de la autoridad católica española. 
En un breve mail, el arzobispo de Barcelona, Juan de Omella, respondió: "Tratamos el tema a la Conferencia Episcopal Tarraconense, pero no hubo consenso para hacer una declaración en este sentido", escribieron desde el arzobispado, y así nos lo confirman. Algo más adelante añaden: "Ya hemos dicho públicamente que estos hechos nos dañan y que se pide perdón por parte de los eclesiásticos que han cometido estos abusos". 
Cabe preguntarse, por fin, si es esta la conclusión que deben recibir casos de violación, violencia y abuso como los anteriormente citados.