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La orden de detención de cuatro presuntos torturadores sigue su trámite
La juez Servini pidió la apertura de las sedes diplomáticas a las víctimas de la represión
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 23 SEP 2013 - 19:28 CET259
Represaliados del franquismo, en noviembre de 2012, tras entregar en la embajada argentina más de 2.000 testimonios de apoyo a la querella. / SAMUEL SÁNCHEZ
Argentina ha habilitado sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de víctimas del franquismo, según fuentes judiciales de ese país. La juez de Buenos Aires que investiga los crímenes del régimen, María Servini de Cubría, había solicitado hace seis meses al Ministerio de Relaciones Exteriores que abriese las puertas de sus sedes diplomáticas para que sus diplomáticos recojan testimonios de víctimas y no tuvieran que viajar a Buenos Aires para hacerlo. La respuesta de Exteriores a la juez llegó el pasado jueves, un día después de que la juez pidiera la detención de cuatro presuntos torturadores del franquismo. Mientras, continúa el trámite burocrático de las órdenes de detención que dictó Servini contra esos cuatro imputados: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño.
En 2010, ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España, algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina para que se investigaran allí los crímenes del terrorismo de Estado, considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal. ¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de represaliados; porque en este país se abolieron en 2006, con el Gobierno de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la última dictadura militar que asoló estas tierras (1976-1983) y desde entonces han sido condenados más de 300 culpables; y porque todo esto fue posible por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino y chileno (1973-1990) bajo aquel mismo criterio de justicia universal.
En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen más. Por un lado, por el impacto mediático que ha tenido la orden de detención contra los cuatro expolicías acusados de torturas. Por el otro, porque el Ministerio de Exteriores de Argentina ha aceptado abrir las puertas de los consulados para que sus diplomáticos recojan testimonios de víctimas por todo el mundo, con lo que no tendrán que viajar a Buenos Aires para hacerlo.
La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de recursos, según abogados de los denunciantes. Después planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las víctimas, pero fue suspendida a último momento. Fuentes judiciales argentinas explican que el plan se abortó por una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores de España al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, con una advertencia de que Argentina estaría violando el tratado de extradición y asistencia judicial que rige entre los dos países.
Mientras tanto, la orden de detención que dictó la juez Servini el miércoles llegó al Ministerio de Exteriores de Argentina el viernes. Desde allí, la petición debe trasladarse a Interpol y al Gobierno de España, que a su vez la transmitirá a la justicia. Fuentes de Exteriores de Argentina no precisaron si ya ha sido enviada. Una vez que la justicia española reciba la petición, puede que no la responda, pero si lo hace tiene dos opciones, según fuentes judiciales argentinas. O pide la detención de los imputados para su posterior extradición o inicia una investigación propia de los delitos de los que se los acusa, según lo dispuesto por el tratado bilateral de cooperación judicial.
En el juzgado de Servini dicen que en España solo hay una causa actualmente abierta por crímenes del franquismo, por un bombardeo de Barcelona en 1938, en la Guerra Civil. Si los imputados se encuentran fuera de España, Interpol tiene la obligación de arrestarlos y enviarlos a Argentina.
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