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POR JUAN CARLOS ALGAÑARAZ
Para la fiscalía, “no es necesario” el arresto de 4 agentes pedido por una jueza argentina.
MADRID. CORRESPONSAL - 25/09/13
El fiscal de la Audiencia Nacional española, Miguel Bautista, consideró que “no es urgente ni necesario” el pedido de arresto de cuatro represores españoles de la dictadura franquista como lo pedía la jueza federal argentina María Servini de Cubría. El acusador público no constata que sean válidas las órdenes de detención “porque no reflejan los hechos de los que se acusa a los reclamados”.
Además de recordar que uno de los acusados ya ha muerto, el fiscal señaló, en un escrito dirigido al juez de guardia Pablo Ruz, que la ley de Amnistía de 1977 ampara los delitos de torturas, homicidio agravado y sustracción de menores que les imputaba la magistrada de Buenos Aires.
Y agrega que no aprecia la detención preventiva “habida cuenta de la antigüedad de los hechos”.
La jueza Servini de Cubría emitió una orden internacional de detención preventiva con fines de extradición para el inspector José Antonio González Pacheco, “Billy el Niño” (66 años), el ex comisario Ignacio Giralte (73), el Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar (74) y Celso Galván Abascal (78), escolta de Franco y la Casa Real, quien, según fuentes policiales, ha fallecido.
Una de las víctimas de González Pacheco, Felisa Echegoyen, detenida en 1975 con 27 años por pertenecer a un grupo izquierdista, recordó el lunes en una rueda de prensa cómo al inspector lo llamaban Billy El Niño “porque hacía jueguecitos con la pistola, como si fuera un cowboy, y por su edad. Era muy joven”.
La jueza argentina va a tratar ahora de ampliar las denuncias de víctimas del franquismo y sus familiares que residan, por ejemplo, en México y en otros países receptores del exilio español. Para cumplir con este propósito, Servini ha solicitado a la cancillería argentina que habilite sus consulados en el extranjero para que se pueda realizar el trámite.
La causa por los crímenes del franquismo, que fue rechazada en España, fue iniciada por más de medio centenar de familiares ante el juzgado federal número 1 de la capital argentina. El primer querellante fue el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, quien pidió que se investigara el paradero de los restos de su padre y las circunstancias de su asesinato cuando fue fusilado, el 29 de octubre de 1936, cuando era diputado y alcalde de la localidad de Castro del Rei.
La española Inés García Holgado, que vive en Argentina, reclamó por dos tíos abuelos también fusilados en 1936, Elías García Holgado, alcalde de Umbrales y Luis, administrador de Correo. También por un tío, Vicente, desaparecido.
A estas denuncias se sumaron muchas otras de españoles que viajaban a Buenos Aires, así como las familias de ciudadanos españoles fusilados por la dictadura en la década de los 70.
Soledad Luque Salgado, representante de la Asociación de Niños Robados en España, se sumó a varias denuncias de bebés y chicos robados durante el régimen franquista. Soledad Luque tiene un hermano mellizo que nació en la notoria maternidad O’Donnel en enero de 1965 y desapareció un mes después.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, reconoció ayer, poco antes de que se hiciera pública la posición del fiscal, que las órdenes de detención cursadas desde Argentina habían llegado y que las fuerzas del orden “estarán a resultas de lo que diga la autoridad correspondiente de la Audiencia Nacional”.
La Justicia argentina abrió en 2010 la causa por los crímenes perpetrados en España entre el inicio de la Guerra Civil (julio de 1936) y el 15 de julio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, alegando el llamado principio de Justicia Universal.
La causa hace mención a 114.000 víctimas y 30.000 menores de edad de familias republicanas robadas durante el período de Franco.
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