dissabte, 30 d’agost del 2014

Comunicado de RIS: España se encuentra entre los países del mundo con más desaparecidos. Para firmar.


Muy Importante firmar esto y que rule al máximo...


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Comunicación RIS (Rights International Spain) <comunicacion@rightsinternationalspain.org>
Fecha: 29 de agosto de 2014, 19:25
Asunto: 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: España, entre los países del mundo con más desaparecidos
Para: Salvador Pulido <>

30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
España se encuentra entre los países del mundo con más desaparecidos

  • Con este motivo, RIS lanza hoy una petición a la que puede sumarse cualquier persona, a través de la Plataforma Europea de Libertades, para reclamar al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia: http://www.liberties.eu/es/campaigns/desaparecidos-espana-peticion
  • La mejor manera que tiene el Gobierno de rendir homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas en España es aplicar las recomendaciones de la ONU y presentar disculpas oficiales a las víctimas “que vayan más allá de un reconocimiento genérico”.


Madrid, 29 de agosto de 2014
Aunque se desconoce el número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista –lo que ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en esta materia-, según los datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, España es probablemente el país con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo: con al menos 114.266 personas desaparecidas. 
Las desapariciones forzadas constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima. Hasta la fecha, este es el caso de los más de cien mil desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España. La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares, que son también víctimas de desaparición forzada según la definición internacional.
Como bien dijo recientemente el Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y no repetición de la ONU, hablar de víctimas no nos hace partidarios de unos u otros, sino que nos coloca del lado de los derechos humanos. Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Como ha recordado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, “este es un derecho absoluto” y “una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional”. Tanto el Grupo de Trabajo como el Relator Especial de la ONU, han destacado que dada la avanzada edad de los familiares es urgente que el Estado adopte como una prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas. 
El Grupo de Trabajo ha recordado también que “[a]un cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada (…). Aun cuando a modo de hipótesis, la prescripción fuese permisible, la misma solamente puede aplicarse una vez agotada la investigación judicial y no de manera preliminar”. Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada –también de la ONU- ha exigido al Gobierno que “asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adopte las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones; (…) y que las víctimas reciban reparación adecuada”. Sin embargo, las autoridades españolas siguen negando el carácter continuado de la desaparición forzada, lo cual impide que se investiguen estos delitos, cosa que preocupa a todos los mecanismos internacionales que han examinado o visitado  España.
El proyecto de ley de reforma del Código Penal sigue incumpliendo el Derecho internacional, pues no incluye la tipificación de la desaparición forzada de manera autónoma. El Comité contra la Desaparición Forzada indicó a España que se incorporase “la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad” (en términos muy similares también se ha pronunciado el Grupo de Trabajo).
En vista de todo ello, y con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Rights International Spain hemos lanzado a través de la Plataforma Europea de Libertades una petición dirigida al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia a la que puede sumarse cualquier persona, solicitándoles que de una vez por todas, den cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU. En concreto, demandamos que se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones  y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia.
  
Si deseas ampliar cualquier dato o contactar con algún miembro de RIS, no dudes en dirigirte a:


Salvador Pulido
Comunicación y prensa RIS

@ris_org

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Para firmar

http://www.liberties.eu/es/campaigns/desaparecidos-espana-peticion

Ayúdanos a reclamar justicia para las víctimas de desapariciones forzadas

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Rights International Spain lanza una petición instando a España a cumplir con sus obligaciones internacionales y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

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escrito por Rights International Spain
Cuando alguien menciona las desapariciones forzadas, es muy probable que Argentina, Chile y Chechenia vengan a la mente. Sin embargo, en el corazón de Europa miles de familias españolas siguen excavando en cunetas y campos en busca de sus familiares desaparecidos, que se creen enterrados en cualquier lugar o en fosas comunes esparcidas por todo el país. Se estima que más de 110.000 personas desaparecieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista posterior, lo que significa que España podría ser fácilmente el país con el número de desaparecidos más alto del mundo.

Sin justicia a pesar de 36 años de democracia

Las desapariciones forzadas constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, una violación que durará hasta que la suerte y el paradero de las víctimas se establezcan. En este momento, esta es la situación de decenas de miles de personas desaparecidas en toda España. La sistemática impunidad existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de las familias de las víctimas.
La Guerra Civil empezó en 1936 y duró tres años, después de los cuales una dictadura encabezada por el General Franco fue establecida hasta 1975. Durante este período se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. En 1978 se instauró un nuevo régimen constitucional democrático, lo que significa que el país lleva viviendo en democracia casi 36 años hoy en día.
A pesar de ello, las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias siguen buscando justicia, verdad y reparación. Según las autoridades españolas y los tribunales, estos reclamos de justicia y verdad podrían abrir viejas heridas que el tiempo ya habría cerrado, con el riesgo de dividir de nuevo el país. No obstante, como ha dicho el Relator Especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, proteger a las víctimas no implica apoyar a unos u otros, sino que es una cuestión de derechos humanos.

La ONU urge a España a investigar todas las desapariciones

El Relator Especial de la ONU también ha establecido que la democracia española es suficientemente madura para pagar sus deudas con el pasado, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ha aclarado que el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de los familiares "es un derecho absoluto" y “una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional". Tanto el Grupo de Trabajo como el Relator Especial han subrayado que, teniendo en cuenta la edad de los familiares de las víctimas, las autoridades deberían adoptar medidas de forma urgente y prioritaria. La angustia y el padecimiento que las familias de los desaparecidos tienen que soportar, y deben seguir soportando, constituyen en sí mismas violaciones de derechos humanos, tortura inclusive.
El Grupo de Trabajo de la ONU también ha establecido que "[a]un cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada […] la prescripción solo puede correr desde el cese de la desaparición”. Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada –también de la ONU- ha exigido al Gobierno que “asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal". A pesar de todas las recomendaciones de la ONU y del Derecho Internacional, las autoridades españolas siguen negando la naturaleza continuada de la desaparición forzada, lo que impide la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
El delito autónomo de desaparición forzada no existe en el Código Penal español, a pesar de que así lo requiera expresamente el Derecho Internacional. La reforma del Código Penal que se debate en este momento en el Parlamento español debería incluirlo. El Comité de la ONU, de manera similar al Grupo de Trabajo, ha instado al Estado a que se introduzca "la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”.

Ayúdanos a reclamar justicia para las víctimas y sus familias

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creemos que el mejor homenaje que España puede rendir a las víctimas y sus familias es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la adopción de las medidas recomendadas por los organismos de la ONU. Por este motivo, hoy lanzamos esta petición dirigida al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia. ¡Ayúdanos a reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias!

Firma la petición

Tu firma se utilizará para apoyar una petición dirigida al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia, instándoles a que se tomen en serio las recomendaciones internacionales, cumplan con las obligaciones internacionales del estado español y pongan fin a un comportamiento que ignora de forma deliberada y continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. También se les solicita que adopten urgentemente y de forma prioritaria las medidas recomendadas por la ONU. Específicamente, les pediremos que incluyan el delito autónomo de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, que se investiguen las desapariciones y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia.