dissabte, 7 de febrer del 2015

Boletín nº 107 de la Plataforma contra la impunidad del franquismo.


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Número 107                                                                                                                                              05/02/2015

DOLORES GONZÁLEZ RUÍZ, SUPERVIVIENTE DE LA MATANZA DE ATOCHA
Dolores González Ruiz, abogada laboralista y vecinal, sindicalista y presidenta de honor de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras, ha fallecido en Madrid a los 68 años a consecuencia de un cáncer de pulmón.
Cuando en enero de 1969, bajo el franquismo, estaba a punto de casarse con su compañero Enrique Ruano, estudiante de Derecho como ella y con ella también miembro del Frente Obrero del clandestino Frente de Liberación Popular, él murió asesinado, precipitado por una escalera, durante la inspección policial, a la que fue conducido por la fuerza, de un piso de la calle Príncipe de Vergara donde se alojaban unos amigos de ambos.
Años después, Dolores emprendió una relación con el abogado Javier Sauquillo, con el que se casaría en 1973. Juntos compartieron un despacho laboralista en la calle del General Oráa, hasta que la dirección del Partido Comunista de España, a la que se habían integrado los dos, decidió unificar en un gran despacho, en la calle del Españoleto, numerosos otros bufetes de letrados comunistas y sindicalistas dedicados a la defensa de los trabajadores y de las organizaciones vecinales y ciudadanas, especialidad ésta que tanto Dolores como Javier adoptaron tras su etapa inicial propiamente laboralista como letrados de Comisiones Obreras.
En una reunión de abogados de barrios celebrada el 24 de enero de 1977 en el bufete de letrados de Comisiones Obreras ubicado en la calle de Atocha, 55, irrumpió violentamente un comando armado de ultraderechistas disparando a todos los reunidos. Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y Luis Javier Benavides, además del empleado represaliado de Telefónica Ángel Rodríguez Leal, murieron en unas horas y cuatro personas más resultaron heridas de diversa consideración: Lola González Ruiz, Alejandro Ruiz Huerta, Miguel Saravia y Luis Ramos Pardo.
Lola González Ruiz recibió en el maxilar impactos de bala, con lesiones que le dejaron daños permanentes y por las que necesitó intervenciones quirúrgicas consecutivas.
Tras aquel segundo trance, ella trabajó en un gabinete de urbanismo del PCE en Madrid, luego en varios despachos laboralistas de Comisiones Obreras, en Santander, y se jubiló hace cuatro años.


 




JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
Nos reunimos todos los jueves, de 19:00 A 20:00 h, en la Puerta de Sol, frente a la actual sede de la Comunidad de Madrid, que albergó a la Dirección General de Seguridad en cuyas celdas muchas personas fueron torturadas y asesinadas.

Queremos recordar a las más de 130.000 personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la guerra (1936- 1939) que el pueblo español mantuvo contra los golpistas que se rebelaron contra el gobierno democrático de la II República, y durante la cruel dictadura de Franco, así como a los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos condenados injustamente en ejecución de un claro proyecto de exterminio de toda persona no adicta al régimen fascista.

Muchos de los desaparecidos aún yacen hoy en zanjas y fosas comunes. Nuestro propósito es localizar sus restos mortales para que sus familiares puedan sepultarles con dignidad, honrando su memoria. También queremos que el Estado limpie sus nombres.

NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN

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La masacre de la carretera Málaga-Almería (febrero 1937)




El próximo sábado 7 de febrero se realizará en Málaga una Marcha Homenaje a las víctimas de la masacre fascista de la carretera Málaga- Almería.

Entre el 6 y 8 de febrero de 1937, se produjo en Málaga la "Desbandá", entre 100.000 y 150.000 personas salieron con lo puesto, a pie en su mayoría, y en burro o vehículo los más afortunados, dirección Almería. Fueron los protagonistas del mayor éxodo de la Guerra Civil.

A finales de 1936, ante la llegada inminente de las tropas fascistas, la única vía de escape de la capital hacia zona republicana era la carretera de Almería.

El domingo 7 de febrero la artillería fascista ya está a las puertas de la Capital y la población entra en pánico. Es cuando empieza la "desbandá". Ese mismo día por la tarde, los barrios populares se quedan vacíos y la caravana se reúne en el Paseo del Parque y toma dirección El Palo y Rincón de la Victoria. Aunque no hay cifras oficiales se estima que la cifra oscilaba entre 100.000 y 150.000 personas.

El domingo 8 de febrero los fascistas toman la ciudad. La marea de refugiados ya ha llegado a Torre del Mar, y allí se les unen los refugiados del interior. Aquí es cuando empiezan los bombardeos desde los buques Canarias, Baleares y Almirante Cervera y de la aviación alemana, la Luftwaffe.

Con las bombas empieza el pánico, y la gente intenta refugiarse en las cunetas, rocas, o campos de caña de azúcar. Se fueron abandonando los enseres y los bultos. Cuando la comida empezó a faltar, la marea de refugiados arrasó los campos de caña de azúcar. Los pueblos por los que pasan se negaban a ayudarlos temerosos de las futuras represalias. Muchos de ellos murieron en las cunetas, otros muchos llegaron hambrientos y heridos a Almería.

Se estima que los bombardeos por mar y aire sobre la columna de refugiados provocaron entre 3.000 y 5.000 muertos, la mayoría civiles.
Aquellos que se dieron la vuelta y volvieron a Málaga sufrieron la brutal represión de Queipo de Llano.

Entre 1937 y 1940 se calcula que fusilaron a unas 20.000 personas, miles de ellas se encuentran en las fosas comunes del Cementerio de San Rafael, donde se estima que hay enterrados más de 4.000 cadáveres (se han rescatado 2.800 cuerpos) y están consideradas como unas de las mayores de Europa.



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Garzón pide al Gobierno que devuelva
50 millones de euros que incautó Franco




El despacho de abogados que dirige el exjuez Baltasar Garzón ha presentado una reclamación ante el Consejo de Ministros para que se indemnice a los afectados por la anulación y confiscación de las pesetas republicanas durante la Guerra Civil, por un importe que, actualizado a día de hoy, el propio despacho calcula en, al menos, 50 millones de euros.
Los demandantes son la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF),
El caso se remonta a los primeros meses de la Guerra Civil, ya que el 12 de noviembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional creada por los golpistas en Burgos aprobó un decreto-ley que hizo que el Banco de España declarase sin validez los billetes de pesetas de curso legal que se hubieran puesto en circulación con posterioridad al día 18 de julio de ese año, fecha del denominado Alzamiento Nacional.
Sin embargo, esos billetes seguían siendo válidos en la zona republicana y en el extranjero.
El despacho subraya que se trataba de un arma más de guerra para romper el sistema de pagos de la República y forzar los precios y afectó "de lleno a la población civil", porque en función de su lugar de residencia podían no tener medios legítimos de pago y porque ponía "en "grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares de lo que se llamaba papel moneda puesto en circulación por el enemigo".
La demanda destaca que esos billetes se confiscaron "de forma coactiva, pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando", pero no se destruyeron, y además, su valor fue reconocido por la Administración y con él se constituyó un fondo denominado Papel Moneda.
Según el despacho, el dinero republicano incautado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió a 35 millones de pesetas, según consta en el informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, cifra que equivaldría a más de 3.000 millones de euros de hoy en día (considerando que el valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros).



El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechaza
detener a exministros franquistas




El juez ha decidido este martes desestimar la petición de la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE)
que le solicitaba que requiriera al Ministerio de Interior que ejecutara las detenciones para los acusados por la jueza argentina María Servini, 19 en total, por crímenes cometidos durante el franquismo.
El juez se declara no legitimado para ordenar los arrestos porque se está ante un proceso de extradición entre dos países. Este archivo no afecta a la causa general, instada por la Asociación Pro Derechos Humanos España. Entre los exministros acusados se encuentran Martín Villa y el suegro de Gallardón.





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