dimecres, 22 de juliol del 2015

La Fundación Francisco Franco denunciará al Ayuntamiento de Valladolid por la retirada de símbolos franquistas


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Óscar Fraile - martes, 21 de julio de 2015

El colectivo cree que en Valladolid se ha «ofendido» a las figuras de Primo de Rivera y Onésimo Redondo, cuyo monumento se derribará con retraso por problemas burocráticos
El cambio del nombre de doce calles y un puente para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica generó una importante polémica en Valladolid hace poco más de un año. El antiguo equipo de Gobierno tomó esta decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le obligará a elaborar un listado con los nombres asociados a la dictadura.

Pues bien, la polémica, lejos de cerrarse, resurge después de que hace unos días la Fundación Francisco Franco anunciase su decisión de demandar «a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español». En esa nota de prensa se hacía alusión a las últimas medidas tomadas en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela. ¿Y qué pasa con Valladolid? «Sin duda alguna que se incluye en la lista porque José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo son dos víctimas más», explica el vicepresidente de la Fundación, Jaime Alonso.

Cabe recordar que uno de los nombres de calles que se cambió fue el de José Antonio Primo de Rivera por el de Los Molinos. Además, está pendiente el derribo del monumento a Onésimo Redondo en el cerro de San Cristóbal. Es más, las obras deberían haber comenzado en junio, pero se han retrasado por «problemas burocráticos ajenos al Ministerio de Industria», señalan fuentes próximas al proyecto.
En este caso la actuación del Ayuntamiento se limitó a trasladar al Ministerio de Industria la situación de este monumento después de recibir la sentencia del TSJ, toda vez que está ubicado en terrenos que pertenecen al Estado. Después, Industria solicitó la correspondiente licencia de obras para derribarlo y el Ayuntamiento se la concedió el pasado mes de enero.

Desde la Fundación están decididos a seguir adelante con estas demandas, pero su gabinete jurídico todavía está definiendo si se presentarán contra el equipo de Gobierno o contra algún cargo concreto. Y no se plantean qué recorrido jurídico puede tener. «Eso lo decidirán los jueces, pero si no prospera aquí, pensamos llevarlo a Estrasburgo», explica Alonso. El vicepresidente ensalza la figura de Onésimo Redondo y Primo de Rivera. «Buscaban una república de personas en libertad y progresión, pero fueron ilegalizados y les metieron en la cárcel», sostiene.

La Fundación Francisco Franco es muy crítica con la Ley de la Memoria Histórica, hasta el punto de que su vicepresidente considera que «no debería continuar vigente porque es anticonstitucional». Según él, «es un despropósito más del PSOE, que ha perdido el norte, y un atentado contra el patrimonio que discrimina a las personas por razones ideológicas». Además, opina que esta Ley ha tenido «un gran apoyo mediático», pese a que, según ellos, busca presentar a los franquistas como «los malos de la película». «Y no estamos dispuestos a que sea así, solo hay que ver cómo cogió Franco el país en los años 30 y cómo lo dejó al morir, pese a todas las vicisitudes que tuvo que pasar, como el aislamiento internacional», explica Alonso.

El vicepresidente también critica el pacto al que llegaron PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí se Puede para alcanzar la Alcaldía en la capital. «Eso es algo impensable en Alemania, donde a la extrema izquierda no le dan ni agua», dice.

Aunque la Fundación tampoco se guarda las críticas al PP «por negarse a derogar la Ley» y por «aplicarla en muchos municipios contra el sentir de sus votantes, a pesar de haber prometido modificarla en su campaña electoral de 2011». Esta organización pide «el respeto a los nombres de las calles y monumentos como testimonio de una época de España, algunos sufragados por voluntad popular, cuyo juicio debe dejarse a los historiadores y no a los políticos».