diumenge, 6 d’agost de 2017

EN MEMORIA DE LOS ASESINADOS EN EL CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN DE CÁDIZ


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PAULINO DUEÑAS DÍAZ, ALMONACID (TOLEDO).
EL ASESINADO QUE NO QUISO SER ASESINADO
En 1936, tal día como mañana 6 de agosto, eran asesinadas por los golpistas que habían ocupado la ciudad unas semanas antes, algunas de las principales autoridades de la ciudad: el gobernador civil, el jefe de las fuerzas policiales de intervención y el comandante de los Carabineros. Además de un oficial de telégrafos. Fueron las primeras de las 42 personas que terminaron sus vidas bajo las balas de los golpistas y del régimen de terror que implantaron.
No eran las primeras. En julio ya se habían producido asesinatos y aparecidos cadáveres en sus calles. Además de la treintena de víctimas, entre muertos y heridos, que se produjeron durante la propia ocupación de la ciudad. Sin embargo, ahora, significó el pistoletazo de salida de lo que se ha llamado la matanza fundacional del franquismo. En Cádiz la cifra superó ampliamente las 600 personas y es posible que sobrepasen, una vez cerradas las investigaciones, las 700. Quizás no fuera casual que ese día llegara a la ciudad el nuevo gobernador, Eduardo Valera Valverde.
Uno de los asesinados fue el toledano de Almonacid, Paulino Dueñas Díaz. Un jornalero, casado y con 34 años a finales de 1939. Afiliado al Partido Socialista, en julio de 1936, estuvo entre quienes se dedicaron a patrullar las salidas del pueblo y hacer guardias. Como en otras muchas poblaciones se produjeron ataques anticlericales, el cuartel de la Guardia Civil fue sitiado y fueron asesinados cierto número de derechistas. Hasta 1938 permaneció en su población pero, a lo largo del año, movilizada su quinta, se incorporó al Ejército gubernamental. A la 193 Brigada Mixta que se formó en Extremadura y fue destinada al frente de Peñalsordo. Participó en la defensa de Valsequillo, en Córdoba, a comienzos de 1939 y cuando finalizó el conflicto se encontraba en unas posiciones en Santa Eufemia en donde fue hecho prisionero y trasladado al campo de concentración de la cercana Valsequillo y, más tarde, al abierto en Córdoba la Vieja en las cercanías del actual yacimiento arqueológico de Medina Zahara.
A pesar de los sucesivos interrogatorios y fichas clasificatorias que tuvo que padecer o, posiblemente, por la acumulación de trabajo y la necesidad de contar con mano de obra esclava, fue enviado al Batallón de Trabajadores 101 creado para las obras de fortificación que habían comenzado a realizarse en el Campo de Gibraltar con vista a establecer unas líneas de defensa o ataque, según el caso, frente a posibles desembarcos o intento de ocupación de Gibraltar. Fue en Guadiaro en donde los jefes del batallón, en diciembre de 1939, solicitaron informes sobre Paulino a las autoridades almonaciliñas. Entrado enero de 1940, la Guardia Civil respondió que se trataba una persona “muy peligrosa” a la que acusaban, además de haber participado en la resistencia al golpe, de intervenir en las detenciones de los vecinos derechistas asesinados y actuar como miliciano en el asedio del Alcazar de Toledo.
Unos días después, un miembro del servicio de investigación de la Inspección de Campos de Concentración, del grupo de Ronda, se desplazó a Guadiaro para interrogarle. Paulino reconoció que pertenecía a la UGT y que, en julio de 1936, realizó guardias armadas en las salidas del pueblo y en la cárcel en la que estaban los presos derechistas. También reconoció que, en octubre de 1936, había participado en la detención, por orden del comité, de dos derechistas a los que, al día siguiente, junto a otros diez, fueron asesinados en un pueblo cercano. Aunque negó que hubiera participado en las muertes.
Fue detenido, ingresado en la prisión de San Roque y puesto a disposición del juez militar de la plaza, Pedro Llamas García. Éste, el 7 de febrero de 1940, ordenó la apertura de un PSU acusándolo de auxilio a la rebelión militar. Sus primeras diligencias fueron pedir nuevos informes sobre Paulino a la Guardia Civil, el Ayuntamiento y la Falange de Almonacid. La primera se reafirmó en su peligrosidad, participación en el asalto del cuartel e incendio de la iglesia y en las detenciones de derechistas. El segundo se refirió a su militancia socialista y que fue miliciano y participó en la toma del cuartel y otros edificios. La tercera repitió, punto por punto, el del ayuntamiento. Por último dos vecinos y la viuda del asesinado reafirmaron las acusaciones.
Con estos informes, el 23 de febrero, el juez Llamas volvió a interrogar a Paulino quien se ratificó en su declaración primera en la que sólo reconocía haber participado en la detención del asesinado y ser socialista. Llamas, el 30 de marzo, ordenó su procesamiento y quince días después redactó el auto resumen que remitió a Sevilla. Allí le adjudicaron el número 1317 al PSU y ordenó que la vista del consejo se celebrara el 26 de abril a las 10 de la mañana en el mismo San Roque.
El tribunal lo presidió Francisco López Martínez y fue ponente Andrés de Castro Ances. La sentencia consideró probadas las acusaciones y dictó pena en su máximo grado por “la perversidad” del acusado: la de muerte. El 15 de julio de 1940 fue aprobada por la máxima autoridad militar franquista andaluza: Fidel Dávila Arrondo.
En fecha no determinada, Paulino Dueñas fue trasladado a la prisión de Cádiz donde recibió la comunicación del cumplimiento de la pena para el día 17 de septiembre de 1940 en el castillo de San Sebastián donde entraría en capilla la madrugada de ese día a la 1 para que, a las 5,30, se cumpliera la sentencia.
Cuando ese día, a esa hora, el juez de ejecutorias de sentencias, Rafael Gil de Montes, acudió al castillo recibió una llamada telefónica del director de la prisión, Gabino Gaitán Talavera, para comunicarle que cuando se había sacado de su celda al condenado para trasladarlo al castillo, se había arrojado a un algibe de donde no se le había podido sacar por la guardia exterior del recinto, ni por los bomberos. Entonces, el sargento de la guardia le disparó con su fusil alcanzándole. Gaitán pidió a Gil de Montes que permitiera trasladarse al médico que iba a certificar la ejecución para que reconociera al herido y decidir qué hacer. Así se hizo, a las 3 horas, certificando el galeno su estado gravísimo y recomendando su traslado de la enfermería de la prisión a un hospital.
Apenas sobrevivió un día, a las 21,15 del 18 de septiembre falleció en la enfermería de la cárcel. A la mañana siguiente fuerzas de Sanidad llevaron el cadáver al cementerio para practicarle la autopsia y proceder a su inhumación. El 20 quedó inscrita su defunción en el Registro Civil y el cadáver enterrado en la fosa común. Es uno de los casi doscientos que aguardan ser rescatados.

LISTA DE LOS ASESINADOS POR LA REPRESIÓN GOLPISTA EN EL CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN (1936-1944)
Aguilera Villalón, Alonso
Almagro Regalón, Antonio
Angueira Rodríguez, Antonio
Benítez Castaño, Manuel
Burguillos Vilches, Antonio
Caro Guisado, Manuel
Castaño Molinillo, José
Ceballos González, Marceliano
Collado Jiménez, Aurelio
Correro Rodríguez, Francisco
Duarte Luna, Juan José
Fernández Castilla, Joaquín
Flores Sánchez, Andrés
Galán Bastida, Diego
Gutiérrez Gallego, Juan
Jaso Vega, Leoncio.
Jiménez Hidalgo, Pedro
López Fernández, Miguel o Manuel
López Giráldez, Juan
López Martín, Deogracias
López Ramírez, Juan
López de Soria, Servando
Mena Ortega, Francisco
Mena Ortega, Ofelio
Merino Jiménez, Juan
Monterrubio Luján, Miguel
Navarrete Hernández, Joaquín
Navarro Sánchez, Bernardino
Núñez Flores, Antonio
Ortega Martínez, Daniel
Pacheco Espadas, José
Parrilla Asencio, Luis
Pérez Domínguez, Juan
Pozos Ramos, Antonio
Rebolledo Gil, José
Rodríguez Alfaro, Juan
Rojas de la Vega, José
Soriano Bulufer, Francisco
Trullas Cassa, Manuel
Vázquez Carranza, Simón
Yañez Barnuevo, Antonio
Zapico Meléndez-Valdez, Mariano