dissabte, 3 de juny de 2017

¿Qué fue la Guerra Civil? explica a jóvenes de entre 12 y 20 años las causas del golpe de Estado y su prolongación durante 40 años de dictadura

https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2017/06/03/que_fue_guerra_civil_liria_casado_65890_1026.html

“No es posible un relato neutral de la Guerra Civil”

  • El filósofo Carlos Fernández Liria y la historiadora Silvia Casado Arenas responden con un libro al relato de la contienda sostenido por Arturo Pérez-Reverte
  • ¿Qué fue la Guerra Civil? explica a jóvenes de entre 12 y 20 años las causas del golpe de Estado y su prolongación durante 40 años de dictadura


Publicada 03/06/2017 a las 06:00Actualizada 02/06/2017 a las 20:07


Ilustración de David Ouro para ¿Qué fue la guerra civil?.
Ilustración de David Ouro para ¿Qué fue la guerra civil?. 
DAVID OURO
Juego de agudeza visual. ¿Qué diferencias hay entre la portada de La Guerra Civil contada a los jóvenes, de Arturo Pérez-Reverte, y ¿Qué fue de la Guerra Civil?, de Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas? O, más bien, ¿qué discurso político se desprende de ellas? Ambas son amarillas. Ambas usan el rojo para retratar al bando republicano, y el azul para el golpista. Pero Reverte pone en escena a dos soldados gemelos blandiendo fusiles casi idénticos. Liria y Arenas muestran a Manuel Azaña de un lado y a Millán Astray y Franco, en éxtasis castrense, de otro. Aquí no hay paralelismo, solo diferencia.
   Los autores de ¿Qué fue de la Guerra Civil?, editado por Akal, no ocultan ni en el prólogo ni en el discurso que su libro es una respuesta obvia al del periodista y novelista, editado en 2015 con el propósito de hacer un resumen "limpio" de la contienda. Fue la escritora Belén Gopegui quien les dió la idea. "Me dijo que me iba a horrorizar, y efectivamente me horrorizó", dice el filósofo Carlos Fernández Liria, uno de los padres intelectuales de Podemos y autor de En defensa del populismo. "Le propuse escribirlo con ella, pero que ella es novelista y no se iba a sentir cómoda escribiendo sobre historia", recuerda. Silvia Casado Arenas es historiadora y profesora de la materia en un instituto. Una combinación perfecta para este libro dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años

"Entiéndeme, no es que me horrorizara por nada en concreto", explica el filósofo, "sino por el relato que intenta dibujar". ¿Qué relato es ese? Lo explicaba el propio novelista en la rueda de prensa en la que presentó aquel volumen: "Hubo un golpe de Estado ilegítimo contra un Gobierno legítimo. Eso está claro. Pero hubo una responsabilidad en los dos bandos sobre la tragedia". O: "En el campo de batalla, el ser humano es igual en todas partes. Todos los combatientes fueron por igual víctimas y verdugos". De haber estado allí, Liria y Arenas hubieran probablemente negado con la cabeza en una muestra de desaprobación. "No es posible un relato neutral de la Guerra Civil", defiende la historiadora, "porque cuando estás hablando de víctimas y de verdugos, lo neutral es ponerte de parte de las víctimas. La equidistancia y la justicia está con ellas".

   No es que Pérez-Reverte sea "un Pío Moa", en referencia al historiador revisionista y defensor del franquismo. La crítica es más sutil. De hecho, Pérez-Reverte dijo haber utilizado solo "puntos comunes en los que los dos bandos y los historiadores extranjeros coincidían". "Si es que él no dice nada que sea falso", dice Silvia Casado Arenas, "lo que pasa es que omite muchas cosas que son ciertas". Pérez-Reverte se explayaba en la narración de las batallas, hablaba en menor medida de la represión (en ambos bandos) y pasaba de puntillas por las causas y consecuencias políticas de la contienda. Aquí ocurre al contrario. ¿Qué fue la Guerra Civil? dedica apenas unas líneas a la batalla del Jarama o del Ebro, y se ocupa sin embargo de asuntos políticos más complejos como el revisionismo historiográfico, el carácter anticapitalista del Frente Popular y la lucha de las mujeres.

"Nuestro lema ha sido procurar que la memoria histórica, además de reparar a las víctimas, tenga también que ver con el relato histórico", explican. Y en esto, dicen, hay mucho camino por recorrer. La historiadora señala que este periodo todavía no se estudia lo suficiente en los colegios. Solo se estudia historia española contemporánea, explica, en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, y la cantidad de temario hace que se pase por él de puntillas y a final del curso. Denuncian que en los libros de texto a menudo se sitúa a la República y la Guerra Civil en el mismo epígrafe, como dando la razón a la tesis revisionista de que la segunda fue consecuencia del caos de la primera. "Nosotros establecemos otro tipo de continuidad: la Guerra Civil, el franquismo, y una Transición tutelada", explica el filósofo.

Su libro pone particular énfasis en señalar a las fuerzas que colaboraron con el bando sublevado, porque "las reformas democráticas y modernizadoras que la Segunda República puso en marcha provocaron una fuerte oposición en la oligarquía española". Nombran a Juan March, el mayor banquero de España en el momento, que financió el vuelo del Dragon Rapide que llevaría a Franco a Marruecos. Hablan del decisivo apoyo de Hitler y Mussolini al bando fascista. Y de las intenciones manifiestas de los golpistas de acabar con sus enemigos y la democracia que defendían mediante la represión sistemática.

Todo eso, porque uno de sus puntos interés es analizar qué se puede deducir del final de aquella brevísima experiencia democrática. "Queríamos llamar la atención de que la democracia, bajo cierto tipo de condiciones —que nosotros diríamos que son las condiciones capitalistas—, siempre ha estado entre la espada y la pared de una especie de chantaje estructural", explica Fernández Liria. "Hay democracia mientras los vaivenes democráticos no pongan en peligro los intereses de los que detentan el poder." Y lo compara con el "golpe de Estado financiero", como lo definió el economista John Kenneth Galbraith, sufrido por los griegos tras su protesta contra la austeridad. "Esta encrucijada que se vio en Grecia podría ser similar si ganara las elecciones un sector de Podemos capaz de trastear el tablero de juego", insiste. "¿Pensamos que se nos iba a permitir tal cosa?".

Silvia Casado Arenas tiene también sus propias obsesiones. "No ha habido políticas de reparación, y por lo tanto tampoco ha habido una reparación histórica", critica, indignada por tener que "aguantar relatos falsamente neutrales" contra los estudios de historiadores como Ángel Viñas, Francisco Espinosa o Julio Aróstegui. "Aquí lo que hubo fue una Ley de punto y final con la Ley de Amnistía, que perdonó por igual a franquistas y antifranquistas", denuncia. Lo mismo ocurrió en los libros de texto. Carlos Fernández Liria, no sin cierto humor, resume su visión: "Hubo un bando que actuó como verdugo, luego 40 años de represión y, finalmente, los verdugos decidieron que podían perdonar a las víctimas y que se les podía permitir unas ciertas dosis de democracia".

El libro llega hasta la Transición —e incluso dedica unas líneas al 15M—. ¿El título del capítulo que narra el final de la dictadura? "El Régimen del 78". Pueden imaginar el tono de su contenido.
 

Seis comunidades buscan recuperar la memoria histórica con leyes autonómicas

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/leyes_memoria_autonomicas_64693_1012.html



  • Las normativas balear y valenciana están a la espera de ser aprobadas en los parlamentos autonómicos
  • Aragón y Extremadura acaban de cerrar el borrador, mientras que Cantabria y Canarias todavía están trabajando en sus respectivas leyes

Exhumación de la fosa de Argomoso (Lugo), en junio de 2009.
Exhumación de una fosa común. 
ARMH
"Que aquellos valores por los que lucharon hombres como los que homenajeamos aquí, de fraternidad universal, eliminación de fronteras, igualdad, libertad y solidaridad y que hoy no están todo lo suficiente que debieran presidiendo la acción de los poderes públicos, vuelvan a estarlo". Con estas palabras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció en marzo de 2016 que el Ejecutivo autonómico estaba trabajando en una ley de memoria democrática para la región. Ahora, más de un año después, el borrador ya está finiquitado y en poco tiempo comenzará la tramitación parlamentaria, tal y como anunció el Consejo de Gobierno a finales de abril.

Sin embargo, no es la única comunidad que espera tener cerradas a lo largo del año leyes de memoria propias. Además de Aragón, otras cinco regiones están siguiendo el mismo camino. En la Comunidad Valenciana y en Baleares, los articulados ya están tramitándose en los respectivos parlamentos. En Extremadura, como en suelo aragonés, tienen listo el borrador del anteproyecto de ley, pero aún no se ha iniciado la vía parlamentaria para su aprobación. En Canarias, el grupo de trabajo creado en la Cámara autonómica sigue perfilando el texto, aunque sin dar todavía fechas para su presentación. Y en Cantabria, el Ejecutivo asegura tener ya lista una primera versión del borrador, que quieren ir completando ahora con las propuestas de los colectivos memorialistas.

C. Valenciana y Baleares: en la recta final

El giro a la izquierda del Ejecutivo balear tras las elecciones autonómicas de 2015, unos comicios que pusieron fin a cuatro años de dominio conservador en el archipiélago, permitió a las víctimas del franquismo ser escuchadas de nuevo. Así, en junio de 2016, consiguieron su primera gran victoria: la aprobación en el Parlament de la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern, en manos del PSOE gracias al apoyo de Podemos y Més per Mallorca, se encargará de localizar, identificar y, "si es posible", exhumar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, además de crear una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de desaparecidos.

Esta normativa se complementará ahora con una ley de memoria democrática a nivel autonómico que, entre otros muchos aspectos, contempla la creación de un inventario sobre simbología franquista y un archivo que unifique toda la documentación del periodo que abarca desde la Segunda República hasta el año 1983. Además, insta al Ejecutivo balear a anular todas las sentencias franquistas vigentes en la comunidad. La proposición de ley fue registrada en el Parlament por los socialistas baleares, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca a finales de marzo. El articulado se encuentra, según la Cámara balear, pendiente del debate de toma en consideración.

También el giro a la izquierda en la Comunidad Valenciana tras la cita con las urnas de 2015, que puso fin a una década de dominio absoluto del PP, permitió a las víctimas de la dictadura dejar de ser invisibles. Y la memoria histórica volvió a ponerse sobre la mesa, después de haber sido enterrada durante años, con la elaboración de una normativa a nivel autonómico. Así, el pasado mes de febrero el Pleno del Consell dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un articulado que contempla la exhumación de las 300 fosas comunes que hay en la región –que costará, según los cálculos de la Generalitat, algo más de 4 millones de euros–, la elaboración de un censo de víctimas o la introducción de este tema en el currículo de ESO y Formación Profesional.

Matías Alonso, miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana, celebra el paso al frente del nuevo Ejecutivo y, sobre todo, el "contacto fluido" con las asociaciones memorialistas a la hora de la elaboración de la normativa, que actualmente se está tramitando en Les Corts. "En la Comunidad Valenciana era bastante necesaria", señala Alonso, que pide que la "tramitación sea con la máxima urgencia posible". Sobre el texto, dice que es "mejor" de lo que se esperaban: "Incorpora elementos importantes que rellenan las lagunas que tenía la ley estatal".

En este sentido, hace referencia, sobre todo, al "cuerpo sancionador" que se recoge en la normativa –entre 200 y 150.000 euros a quien, por ejemplo, no retire los vestigios franquistas–, algo que considera "muy importante" para obligar "a cumplir la ley". También destaca que se contemple la creación del Instituto de Memoria Valenciano, que en su opinión tendría que estar en manos de alguien "que sienta los colores", y de un banco de ADN"La intención es que todo está listo y aprobado en otoño", concluye el miembro del GRMH.

Extremadura y Aragón: listo el borrador

Extremadura también tendrá en cuestión de meses su propia ley de memoria histórica. El pasado 19 de abril, la comisión de trabajo –constituida por representantes de la Junta, el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Premhex), la Universidad de Extremadura y tres asociaciones memorialistas de la región–, que se ha reunido desde mayo de 2016 en casi una decena de ocasiones, cerró de forma definitiva el borrador del anteproyecto de ley. Ahora, señala el Ejecutivo regional, el articulado será trasladado a los servicios jurídicos de la Junta y se elevará al Consejo de Gobierno, que se encargará de dar luz verde a la normativa para trasladarla a la Asamblea extremeña y dar inicio así a su tramitación parlamentaria.

Tampoco Aragón quiere quedarse atrás en esta materia. Sólo cinco días después de que la Junta de Extremadura anunciase que ya tenía listo su borrador, el Consejo de Gobierno aragonés conoció cómo sería su propio anteproyecto de ley de memoria. El texto, que ha sido fruto de más de un año de trabajo interdepartamental coordinado desde Presidencia, todavía no es definitivo. "Ahora iniciaremos actos en las tres provincias con asociaciones memorialistas para ver qué es lo que ellos pueden aportar", explican a infoLibre fuentes del Ejecutivo aragonés. Sobre el calendario, esperan que el anteproyecto de Ley llegue al Parlamento autonómico antes de verano para así poder tenerlo aprobado antes de que finalice el año.

El borrador elaborado contempla la creación de un censo de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, así como de un depósito de ADN. Recoge también el establecimiento del 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Establece sanciones para quienes incumplen la normativa. Y define ampliamente la consideración de víctima: personas que fueron objeto de condenas dictadas por tribunales ilegítimos; exiliados; los que padecieron confinamiento, torturas e incluso la muerte en campos de concentración y exterminio; guerrilleros antifranquistas; niños robados; mujeres que padecieron humillación, persecución o violación; represaliados por sus creencias políticas, religiosas, orientación sexual u origen étnico; víctimas de trabajos forzados y de desapariciones forzadas...

Cantabria y Canarias

Un poco más rezagadas que las otras cuatro autonomías, pero con firme intención de cerrar una normativa de memoria en sus regiones, se encuentran Canarias y Cantabria. En el archipiélago, el grupo de trabajo para la redacción de una proposición de ley en esta materia ya está perfilando el texto, según afirmó a finales de enero la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, que explicó que los diputados están trabajando sobre un articulado "cedido" por el Ejecutivo autonómico al que están sumando propuestas de los colectivos memorialistas. Sin embargo, Darias no quiso dar ningún detalle sobre el calendario que manejan.

También el Ejecutivo de Cantabria se ha comprometido a elaborar una ley de memoria autonómica antes de que acabe la legislatura. El anuncio llegó, hace ahora más de un año, por boca del consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que afirmó que las instituciones y sociedad "no pueden seguir indiferentes a la memoria de los miles de cántabros que dieron su vida por la democracia y la libertad, ni puede seguir desamparando los derechos de sus descendientes". El anteproyecto, añadió, buscará "el máximo consenso político, así como la colaboración de asociaciones y familiares de víctimas del franquismo".

El consejero de Cultura señaló que el propósito era que entrara en vigor cuanto antes. Aunque no quiso hablar sobre el calendario, aventuró que podría ponerse en marcha en la mitad de legislatura. Sin embargo, cumplido el ecuador de mandato, no se han vuelto a tener noticias sobre los avances en esta materia. infoLibre contactó con el Ejecutivo cántabro y trató, sin éxito, de conocer cuál era la situación actual del proyecto. "En enero, en un acto celebrado en la antigua sede de Tabacalera, el consejero dijo que ya había un borrador redactado y que todavía había que darle algunos retoques y presentarlo antes las asociaciones", cuenta a este diario Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE –socio de gobierno del PRC en la comunidad–. Sin embargo, asevera que él "todavía no lo ha visto".

Ponerse a la altura de otros territorios

Queda fuera de este listado Castilla-La Mancha, otra de las comunidades en las que se esperaba durante esta legislatura una ley propia en esta materia. El pasado mes de septiembre, la normativa parecía que se acercaba cada vez más después de que Podemos registrara en las Cortes castellanomanchegas una proposición de Ley de la Memoria Democrática. Sin embargo, sólo un mes después de que la formación morada en la comunidad decidiese romper el pacto de investidura alcanzado con el PSOE, la Mesa de la Cámara decidió admitir el escrito por el que el Consejo de Gobierno expresaba su oposición a la tramitación del articulado. El Ejecutivo, capitaneado por Emiliano García-Page, vetaba la norma escudándose en el aumento de gasto.

Las seis comunidades autónomas tratan de ponerse a la altura de otros territorios que les llevan cierta ventaja en materia de memoria histórica. Navarra, por ejemplo, ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica. Sin embargo, las asociaciones memorialistas alaban, sobre todo, el trabajo que desde hace años lleva haciendo el Gobierno vasco en esta materia: localización, echumación, identificación...

En la actualidad, además de Navarra, sólo Andalucía tiene su propia ley de memoria. El Pleno del Parlamento andaluz la aprobó a mediados de marzo gracias a los votos favorables de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y C's. La normativa en la comunidad presidida por Susana Díaz, que ha servido como modelo para todas las que se están elaborando ahora, se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador.


Publicada 04/06/2017 a las 06:00Actualizada 03/06/2017 a las 16:02







La Comunitat Valenciana retoma las exhumaciones de fosas que frenó Rajoy


http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/valencia-retoma-exhumaciones-frenadas-rajoy-5987853


LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO


El cementerio de Paterna ha vivido las primeras con apoyo institucional en la autonomía desde que el líder del PP es presidente del Gobierno

La Comunitat Valenciana retoma las exhumaciones de fosas que frenó Rajoy
MIGUEL LORENZO
Restos de 60 fusilados de la represión franquista en una fosa común 113 del cementerio de Paterna (Valencia).
NACHO HERRERO / VALÈNCIA
SÁBADO, 3 DE JUNIO DEL 2017 - 20:35 CEST
Tras casi ocho décadas de forzado olvido, hace unas semanas se retomaron las exhumaciones de fosas en el cementerio de Paterna. Son las primeras que se realizan en la Comunitat Valenciana con apoyo institucional desde que Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno en el 2012. Antes solo dio tiempo a abrir una desde que se aprobó la ley de la memoria histórica. Acabar con las ayudas para que los familiares de víctimas de la guerra civil y el franquismo pudieran sacar a los suyos de fosas comunes es una de las pocas promesas electorales que ha cumplido.
Y lo ha hecho a conciencia. Desde su primer presupuesto en el 2013 hasta las cuentas para el 2017, la cantidad destinada a esta partida de la ley de la memoria histórica del 2007 ha sido la misma. Cero euros. En este tiempo la única exhumación en la comunidad tuvo lugar en Borriol (Castellón) y se sufragó con una campaña de micromecenazgo. Pero, ahora, varias instituciones valencianas han puesto en marcha, o preparan, programas de subvenciones para retomar el trabajo.
En les Corts se aprobará en breve la ley de memoria democrática, que incluye el mandato de destinar una partida de más de cuatro millones de euros a exhumar las cerca de 350 fosas que ya hay catalogadas. Pero, mientras, la Diputación de Valencia ha apoyado con una subvención de 165.000 euros los trabajos en dos fosas de este cementerio que podrían contener los restos de unas 70 personas.
"Lo que no puede ser es que en este país, después de 42 años, todavía tengamos a las víctimas en fosas comunes", lamenta la diputada de Esquerra Unida y responsable del departamento de Memoria de la institución provincial Rosa Pérez. "Esto ha de ser una obligación de las administraciones; siempre lo hemos pedido y ahora que estamos en ellas ha sido uno de nuestros objetivos", explica.
En este recinto ya hay catalogadas unas sesenta, pero puede haber más. Está a pocos metros del llamado Paredón de España y de El Terrer, en los que fusilaron a 2.238 presos republicanos. Casi todos los cuerpos acabaron allí. Pero entre el tiempo que se dedicó a la elaboración de ese mapa y las trabas administrativas que en aquel momento pusieron las administraciones autonómicas y locales en manos del PP apenas dio tiempo a abrir una.
Se hizo gracias al impulso de Pepita Celda, pero cuando se encontraron los restos de su padre y de sus compañeros, que estaban enterrados arriba en ataúdes, tras sobornar sus familias al enterrador, se volvió a cerrar. Y parece que quedaron cerca de doscientos cuerpos en la parte inferior.

LA FALSA 'PISTA LLOPIS'

Dolores, de 86 años, e Isabel, de 80, ayudaron a quitar las primeras capas de tierra de la ‘fosa 82’ en busca de los restos de sus padres, dos jornaleros afiliados a sindicatos. Dolores recuerda haber visitado esa zona poco después de que su padre fuera fusilado para dejar una placa con su nombre. "Pero la quitaron", lamenta. Y con ese gesto se perdió la referencia. Así hasta que, tras 12 años de búsqueda, Eduardo Ortuño, hijo de Isabel, dio con la 'pista Llopis'.
Su investigación le permitió acceder al listado de los veinte presos que fueron fusilados entre el 25 y el 27 de octubre de 1939, entre los que estaba su abuelo Bautista Cualladó y también Vicente Llopis Blasco. Su nombre estaba en el ‘llibre mare’, el registro original del cementerio. "Nos ocultaron papeles, no nos han facilitado lo necesario. Siempre hemos tenido problemas. Para conseguir un papel te dan muchas patadas. Ha sido un infierno. El PP no nos ha facilitado nada", relata Ortuño, que recuerda que, dada la edad de su madre, "es una carrera contrarreloj".

Pero tras varias semanas de trabajo, solo aparecieron seis de los 20 cuerpos que esperaban encontrar: una mujer, tres niños y dos hombres con sendos 'tiros de gracia' que entienden que serían Llopis y Vicente Maiques, los dos que aparecían en el registro, según explicó esta semana Miguel Mezquida, responsable de Arqueoantro, y que dará parte a la justicia. "Con la ley de amnistía y al prescribir los crímenes a los 20 años, no lo consideran materia judicial, pero nosotros haremos unos informes y los presentaremos en los juzgados y ellos dirimirán", señala Mezquida. Y ellos seguirán buscando.
Ya se ha abierto la 'fosa 113', donde ya han aparecido 12 de los 60 cuerpos que esperan encontrar, de los que al menos cuatro son de fusilados. En unos tres meses, esperan poder abrir la 'fosa 92', que es la que la memoria de Dolores le señalaba como la de su padre. "Si lo encuentro me podré morir tranquila porque podré estar con él cuando me vaya. Ya que no pude estar con él en vida, quiero estar después", señala.
Dolores incineraría a su padre y pondría fin así a un drama que incluyó otros. "Cuando mi madre se quedó viuda vino un guardia del pueblo y se quiso aprovechar de ella. Yo me puse en medio y se fue; llamó a la Guardia Civil, que me pegó y me encerraron durante un día", recuerda.